¿Por qué Rodalies es motivo de tensión entre Catalunya y España?

Esta semana cientos de usuarios de los trenes de cercanías en Catalunya, Rodalies, están sufriendo de graves retrasos y muy poca frecuencia de trenes en la línea R2 a causa de una avería que, según el Ministerio de Transportes, tardará “semanas” en repararse. Es solo el último episodio de un servicio de Rodalies que presenta habitualmente retrasos y que ha protagonizado, casi durante décadas, enfrentamiento entre los diferentes gobiernos en Catalunya y el Ejecutivo central. Pero, ¿de quién es la competencia de Rodalies? Y, más allá de esto, ¿por qué es un tema tan político?

La primera clave que debemos tener en cuenta para contestar a esta pregunta tiene que ver con la cantidad de gente que usa a diario Rodalies para ir a estudiar o trabajar. Alrededor de medio millón de catalanes usan los trenes de cercanías y, por lo tanto, cualquier retraso o incidencia, aunque se produzco solo en una o dos de las casi dos docenas que existen en la red catalana, afectará a mucha gente, lo que lo convierte en una preocupación para muchos catalanes. Y si las averías o retrasos se convierten en algo más o menos habitual, Rodalies se convertirá en una ‘preocupación’ que llegará a los medios y, por lo tanto, formará parte de la agenda pública.

¿Quién gestiona Rodalies?

Desde hace muchos años, desde los partidos de ámbito catalán, como ERC, la antigua Convergència o actualmente Junts y la CUP -entre otros-, han reclamado la gestión de Rodalies. ¿Por qué? Porque la gestión no está en manos del Govern catalán. Expliquemos quién gestiona qué y de quién son las competencias de Rodalies.

Desde 2010, el Ministerio de Fomento traspasó a la Generalitat de Catalunya los servicios de Rodalies, esto es, la gestión de los horarios, tarifas y la información a los usuarios. Pero faltaba lo más importante: la infraestructura y el servicio de transporte en sí. Hasta el día de hoy, la infraestructura es una competencia de Adif, empresa pública que depende del Ministerio de Fomento y que es quien construye líneas de ferrocarril y, lo más importante, las explota. O lo que es lo mismo: Adif es la empresa pública que debería encargarse del mantenimiento de vías y otras infraestructuras para evitar averías.

Por otro lado, RENFE es la empresa pública que depende del Ministerio de Transportes y que gestiona el transporte de los pasajeros. Dicho de otra manera, es quien pone los trenes y los maquinistas y otro personal de dichos trenes para transportar a los viajeros, no solo del AVE o ALVIA, sino también de las principales redes de cercanías en España.

En resumen: la Generalitat de Catalunya tiene las competencias de Rodalies traspasadas aunque, en la práctica, RENFE gestiona el transporte de viajeros y Adif se encarga de gestionar y mantener las infraestructuras. Es por eso que desde hace años, incluso antes del procés, los partidos catalanes han reivindicado la “necesidad” de que Rodalies pase a estar enteramente gestionada por la Generalitat, como sí ocurre con FGC, ‘Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya’, que conecta la ciudad de Barcelona con los principales municipios del área metropolitana.

Rodalies y la política

La gestión de Rodalies, la inversión en infraestructuras y el traspaso de competencias han sido desde hace años parte del debate en el conflicto político entre Catalunya y España. Desde los años 80, Catalunya ha sido una de las Comunidades Autónomas que ha reivindicado su decisión a asumir más competencias que el resto de Comunidades, para dotarse así de la mayor autonomía posible. Así, además de competencias compartidas con el resto de Comunidades, como Educación o Sanidad, Catalunya es una de las pocas comunidades con un cuerpo de policía propio (Mossos d’Esquadra), por citar tan solo un ejemplo.

Cada vez que se produce un episodio de retrasos grave, una avería o un accidente en la red de cercanías en Catalunya, los partidos políticos recuperan su reivindicación, apuntando a que, para que esto no se produzca es necesario que se traspasen las competencias de Rodalies a Catalunya porque, en palabras de la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, es necesario un cambio en la gestión de los trenes. “Culminar el traspaso”, decía Vilagrà en una carta a la ministra de Transportes Raquel Sánchez, “goza de un amplio apoyo social y político”.

El objetivo de que el traspaso sea total es que sea la Generalitat (o una empresa pública de ésta) la que gestione la infraestructura y estipule las inversiones necesarias en aquellas zonas donde crea que las infraestructuras están anticuadas o en riesgo de sufrir una avería. Al mismo tiempo, tendría las competencias para ofrecer el servicio del transporte de personas (y también el de mercancías) y no estaría en manos de RENFE, que, como se ha comentado, depende del Ministerio de Transportes.

Según marca la Constitución, cuando el Estado traspasa una competencia, debe hacerlo también asignando los “medios financieros” para que esa Comunidad Autónoma pueda hacerse cargo de la competencia. Dicho de otra manera: el Estado no puede traspasar la gestión de la infraestructura de Rodalies a la Generalitat si, al mismo tiempo, no le da el dinero para efectuar las inversiones oportunas.

Es aquí donde desde hace ya mucho tiempo chocan el gobierno catalán y el español, especialmente desde 2010, cuando Artur Mas (entonces en Convergència i Unió) se proclamó president de la Generalitat y endureció el discurso respecto a sus predecesores, Pasqual Maragall y José Montilla, del PSC ambos. Es la época previa al procés en la que se hablaba de “déficit fiscal” en referencia al dinero que recauda el Estado en Catalunya vía impuestos y aquel que regresa a Catalunya en forma de inversiones o transferencias. Sin la competencia de Rodalies ni inversiones en infraestructuras, se genera un déficit que el govern cifraba en 2022 por encima de los 20.000 millones de euros.

Pero claro, ¿y si se aprobase, como en 2010, otra transferencia en materia de Rodalies, ahora sí completa… pero sin dotarla de los fondos necesarios o transfiriendo el dinero con retraso? Las averías en Rodalies seguirían sucediendo -porque faltaría el dinero para invertir-, los ciudadanos seguirían sufriendo habituales retrasos pero el discurso del gobierno español sería el de apuntar a las plenas competencias de la Generalitat. ¿Resultado? Si no se tiene la plena seguridad y compromiso del Estado de una transferencia completa de competencias e inversión, la pelea por la gestión de esta infraestructura clave seguirán marcando la relación política entre Catalunya y España.